Por Katitza Rodriguez. Electronic Frontier Foundation.
Campaña conjunta de Fundación Vía Libre con Electronic Frontier Foundation.

Hace dos años, el Reino Unido desmanteló su sistema nacional de identificación y destruyó su registro de identidad nacional, en respuesta a un gran reclamo público contra un programa invasivo de la intimidad de las personas. Argentina, donde la lucha contra los registros de identidad nacional se perdió hace muchos años, y cada individuo está obligado a tener un DNI debido a una ley promulgada durante una dictadura militar, entró en el proceso de enriquecer su Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información biométrica tal como huellas digitales y rostros digitalizados. Ahora, el gobierno planea redimensionar esa base de datos para facilitar “acceso fácil” al integrar esos datos en un nuevo sistema integrado orientado a la seguridad. Esto aumenta el grado de vigilancia generalizada, ya que las agencias de seguridad de Argentina tendrán acceso a repositorios masivos de información de ciudadanos, y serán capaces de mejorar las capacidades de hacer reconocimiento facial y por huellas digitales con tecnologías que permitan identificar a cualquier ciudadano en cualquier lugar.

En los últimos días de 2011, la Presidente Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un Decreto del Poder Ejecutivo ordenando la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), un nuevo servicio de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permitirá a las agencias de seguridad hacer “referencias cruzadas” de información con datos biométricos y otros datos inicialmente recogidos con el fin de mantener la operatoria del Registro Nacional de DNI. Históricamente, las bases de datos de huellas dactilares en poder de la policía estaban limitadas a aquellos sospechosos o convictos de ofensas criminales. Sin embargo, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió el manejo de una enorme base de datos con huellas digitales recolecatadas a los ciudadanos argentinos en general durante el proceso de emisión de pasaportes y cédulas de identidad. Desde marzo de 2011, esa base de datos fue integrada al sistema de emisión de documentos del RENAPER. Hasta entonces, la Policía Federal había logrado armar una base de datos con alredecor de 8 millones de huellas digitales, aunque según parece, ese procedimiento fue considerado demasiado lento por el gobierno argentino. Siguiendo el nuevo decreto, la iniciativa SIBIOS le dará a la Policía Federal acceso a la base de datos del RENAPER (y viceversa), duplicando el alcance de la Policia Federal a aproximadamente 14 millones de registros de huellas digitales digitalizadas. Empezando con el primer bebé nacido en 2012, Argentina comenzó a registrar información biométrica de los recién nacidos con SIBIOS. Se proyecta que, a medida que venzan los viejos pasaportes y se renueven los DNI, (y que nuevos bebés nazcan), la base de datos de SIBIOS crecerá hasta lograr registro de más de 40 millones de argentinos en los próximos dos años.

Pero la iniciativa de SIBIOS hará mucho más que expandir el número de huellas dactilares digitalizadas a las que la policía federal tendrá acceso. De acuerdo al discurso de la Presidente Fernández de Kirchner, el SIBIOS estará completamente integrado con las bases de datos de identificación, que además de los identificadores biométricos, incluyen imagen digital, estado civil, grupo sanguíneo y otras informaciones básicas que se recolectan desde el nacimiento y a través de la vida de las personas. Además, no sólo la Policía Federal tendrá acceso a este sistema integrado. SIBIOS fue diseñado para el uso de otras fuerzas de seguridad y organismos, incluyendo la Dirección de Migraciones, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, incluso estará disponible a las fuerzas policiales y entidades provinciales, a través de un Acuerdo con el Estado Nacional. Sin embargo, no ha habido discusión pública sobre las condiciones bajo las cuales los oficiales públicos tendrán acceso a los datos. Los promotores de SIBIOS argumentan que el programa facilitará la aplicación de la ley y el acceso en tiempo real a los datos de los individuos, sin embargo las precauciones mínimas usadas para prevenir la vigilancia masiva por parte del estado siguen siendo una incógnita.

Tal vez la parte más preocupante de la iniciativa de SIBIOS son las tecnologías que se pretenden escalar para explotar estas bases de datos en la aplicación de la ley. La policía Federal, por ejemplo, será capaz de usar sus nuevos sistemas de reconocimiento facial para buscar en el inmenso repositorio de imágenes del RENAPER, para identificar personas en fotografías e incluso mediante cámaras de vigilancia. Las fuerzas de seguridad argentinas se están equipando con dispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada.

El peligro de una sociedad de vigilancia

Los sistemas de nacionales de identificación y otros métodos similares de centralización de datos personales incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva. Junto con la recolección simultánea de identificadores biométricos, tales como rostros digitalizados, se crea una capa adicional de seguimiento que es aún más intrusiva y peligrosa. Como en el caso argentino, las tecnologías biométricas son esencialmente individualizantes y pueden interoperar fácilmente con tecnologías de bases de datos, permitiendo que violaciones extendidas de la privacidad sean sencillas y más dañinas.

Para nuestra alarma, la Presidente Fernández de Kirchner ha ido mucho más allá, al punto de abrazar el potencial de vincular el sistema de registro facial obtenido a través de las cámaras de vigilancia en la vía pública con las imágenes obtenidas a través de sistema SIBIOS. Gracias a que las tecnologías son cada vez más accesibles, las cámaras callejeras de videovigilancia están hoy en todas partes, por lo que esta funcionalidad es particularmente peligrosa, y tiene el potencial de llevar a un sistema de vigilancia política generalizada. (Esta visualización nos muestra por ejemplo, cómo es el sistema de más de mil cámaras instaladas sólo en la Capital Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Dada la prevalencia de cámaras en las calles y lo fácil que se ha tornado identificar un rostro anónimo entre miles, las personas que se preocupan por su privacidad y anonimato tendrán serias dificultades para preservar su identidad de las bases de datos biométricas en el futuro próximo. Hay un pronóstico de extremo riesgo en un mundo donde la foto de cualquier individuo, tomada por una cámara callejera o publicada en una red social, puede ser vinculada a su numero de ID nacional. Las tecnologías de entrecruzamiento de datos sólo van a mejorar en el futuro. (vean aqui y aquí para conocer más sobre sistemas de reconocimiento facial).

EFF viene advirtiendo desde hace tiempo que el seguimiento perfecto es dañino para una sociedad libre y democrática. Los ciudadanos tienen una expectativa razonable de mantener su privacidad y anonimato, en particular en relación a la construcción de perfiles. Una combinación de sistemas de ID biométricos manejados por el gobierno con sistemas generalizados de reconocimiento facial viola principios esenciales de las sociedades libres al facilitar la localización y el seguimiento de personas, centralizando peligrosamente estos datos, con los consiguientes riesgos de abuso por parte del estado.

Tal como dice Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, este tipo de vigilancia masiva puede tener serias consecuencias para aquellos que desean disentir políticamente:

“En nombre de la seguridad pública, Argentina ha impulsado políticas de vigilancia masiva incluyendo un monitoreo generalizado de los espacios públicos. La privacidad es particularmente esencial en un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes movimientos sociales y políticos que han ganado las calles para hacer oir su voz. Es de enorme importancia que los activistas puedan permanecer anónimos en las manifestaciones públicas, en particular cuando están en desacuerdo con el gobierno. De esta manera, SIBIOS no sólo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos”.

En una entrevista a la prensa argentina, Mora Arqueta, Directora del RENAPER, explicó que el real propósito del sistema nacional de Identificación es “tener la mayor cantidad posible de información de las personas, y tomar al ciudadano como un individuo que interactúa con el Estado desde muchos lugares”. Sus comentarios admiten directamente la perversión del sistema que pasará del original, donde simplemente se asignaba un número de documento de identidad a un individuo a otro que viola de plano todos los principios establecidos en materia de minimización de la recolección de datos y pretende una recolección masiva e innecesaria de información personal. El problema de dejar que el gobierno retenga semejante cantidad de datos sensibles es que le otorga demasiado poder concentrado. Cabe preguntarse, por ejemplo, si quienes sancionaron el decreto se detuvieron a considerar qué hubiera ocurrido si la última dictadura militar argentina hubiera contado con una base de datos de estas características. El debate público en Argentina debe ser entonces sobre ese poder, y sobre los límites que se le deben fijar en esta materia. Para sostener una sociedad abierta y democrática es necesario mantener un nivel razonable de desconfianza en este tipo de política.

Los argumentos de Fernández de Kirchner de que SIBIOS ofrece “un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen” son alarmantes y representan otra desviación más del propósito original con el cual fue creada la base de datos del RENAPER. Este argumento es engañoso, y falla en analizar seriamente los riesgos de SIBIOS y las limitaciones e impactos que tendrá en las libertades civiles y la protección de datos personales. Una y otra vez, hemos escuchado el dudoso argumento retórico de que la biometría es necesaria para luchar contra el crimen e incrementar la seguridad. De hecho, estas bases de datos biométricas masivas son un foco de atención de información sensible en riesgo de ser explotada también por criminales y estafadores de todo tipo.

Los derechos a la intimidad de las personas y la protección de datos están consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Argentina. Dada la enorme cantidad de preocupaciones que generan las bases de datos biométricas de este tipo y las posibilidades de filtraciones de seguridad en el futuro, es irracional recolectar información biométrica a nivel nacional en este formato. El gobierno argentino debe limitar la recolección, el procesamiento y la retención de datos al mínimo estrictamente necesario para cumplir objetivos específicos, y limitar las posibilidades de compartir información sensible. La EFF y la Fundación Vía Libre de Argentina seguiremos trabajando en forma conjunta contra este tipo de medidas intrusivas dispuestas por el Gobierno Nacional.

Fuente: EFF

Today, a group of 83 prominent Internet inventors and engineers sent an open letter to members of the United States Congress, stating their opposition to the SOPA and PIPA Internet blacklist bills that are under consideration in the House and Senate respectively.

We, the undersigned, have played various parts in building a network called the Internet. We wrote and debugged the software; we defined the standards and protocols that talk over that network. Many of us invented parts of it. We’re just a little proud of the social and economic benefits that our project, the Internet, has brought with it.

Last year, many of us wrote to you and your colleagues to warn about the proposed “COICA” copyright and censorship legislation. Today, we are writing again to reiterate our concerns about the SOPA and PIPA derivatives of last year’s bill, that are under consideration in the House and Senate. In many respects, these proposals are worse than the one we were alarmed to read last year.

If enacted, either of these bills will create an environment of tremendous fear and uncertainty for technological innovation, and seriously harm the credibility of the United States in its role as a steward of key Internet infrastructure. Regardless of recent amendments to SOPA, both bills will risk fragmenting the Internet’s global domain name system (DNS) and have other capricious technical consequences. In exchange for this, such legislation would engender censorship that will simultaneously be circumvented by deliberate infringers while hampering innocent parties’ right and ability to communicate and express themselves online.

All censorship schemes impact speech beyond the category they were intended to restrict, but these bills are particularly egregious in that regard because they cause entire domains to vanish from the Web, not just infringing pages or files. Worse, an incredible range of useful, law-abiding sites can be blacklisted under these proposals. In fact, it seems that this has already begun to happen under the nascent DHS/ICE seizures program.

Censorship of Internet infrastructure will inevitably cause network errors and security problems. This is true in China, Iran and other countries that censor the network today; it will be just as true of American censorship. It is also true regardless of whether censorship is implemented via the DNS, proxies, firewalls, or any other method. Types of network errors and insecurity that we wrestle with today will become more widespread, and will affect sites other than those blacklisted by the American government.

The current bills — SOPA explicitly and PIPA implicitly — also threaten engineers who build Internet systems or offer services that are not readily and automatically compliant with censorship actions by the U.S. government. When we designed the Internet the first time, our priorities were reliability, robustness and minimizing central points of failure or control. We are alarmed that Congress is so close to mandating censorship-compliance as a design requirement for new Internet innovations. This can only damage the security of the network, and give authoritarian governments more power over what their citizens can read and publish.

The US government has regularly claimed that it supports a free and open Internet, both domestically and abroad. We cannot have a free and open Internet unless its naming and routing systems sit above the political concerns and objectives of any one government or industry. To date, the leading role the US has played in this infrastructure has been fairly uncontroversial because America is seen as a trustworthy arbiter and a neutral bastion of free expression. If the US begins to use its central position in the network for censorship that advances its political and economic agenda, the consequences will be far-reaching and destructive.

Senators, Congressmen, we believe the Internet is too important and too valuable to be endangered in this way, and implore you to put these bills aside.

Signed,

• Vint Cerf, co-designer of TCP/IP, one of the “fathers of the Internet”, signing as private citizen
• Paul Vixie, author of BIND, the most widely-used DNS server software, and President of the Internet Systems Consortium
• Tony Li, co-author of BGP (the protocol used to arrange Internet routing); chair of the IRTF’s Routing Research Group; a Cisco Fellow; and architect for many of the systems that have actually been used to build the Internet
• Steven Bellovin, invented the DNS cache contamination attack; co-authored the first book on Internet security; recipient of the 2007 NIST/NSA National Computer Systems Security Award and member of the DHS Science and Technology Advisory Committee
• Jim Gettys, editor of the HTTP/1.1 protocol standards, which we use to do everything on the Web
• Dave Kristol, co-author, RFCs 2109, 2965 (Web cookies); contributor, RFC 2616 (HTTP/1.1)
• Steve Deering, Ph.D., invented the IP multicast feature of the Internet; lead designer of IPv6 (version 6 of the Internet Protocol)
• David Ulevitch, David Ulevitch, CEO of OpenDNS, which offers alternative DNS services for enhanced security.
• Elizabeth Feinler, director of the Network Information Center (NIC) at SRI International, administered the Internet Name Space from 1970 until 1989 and developed the naming conventions for the internet top level domains (TLDs) of .mil, .gov, .com, .org, etc. under contracts to DoD
• Robert W. Taylor, founded and funded the beginning of the ARPAnet; founded and managed the Xerox PARC Computer Science Lab which designed and built the first networked personal computer (Alto), the Ethernet, the first internet protocol and internet, and desktop publishing
• Fred Baker, former IETF chair, has written about 50 RFCs and contributed to about 150 more, regarding widely used Internet technology
• Dan Kaminsky, Chief Scientist, DKH
• Esther Dyson, EDventure; founding chairman, ICANN; former chairman, EFF; active investor in many start-ups that support commerce, news and advertising on the Internet; director, Sunlight Foundation
• Walt Daniels, IBM’s contributor to MIME, the mechanism used to add attachments to emails
• Nathaniel Borenstein, Chief Scientist, Mimecast; one of the two authors of the MIME protocol, and has worked on many other software systems and protocols, mostly related to e-mail and payments
• Simon Higgs, designed the role of the stealth DNS server that protects a.root-servers.net; worked on all versions of Draft Postel for creating new TLDs and addressed trademark issues with a complimentary Internet Draft; ran the shared-TLD mailing list back in 1995 which defined the domain name registry/registrar relationship; was a root server operator for the Open Root Server Consortium; founded coupons.com in 1994
• John Bartas, was the technical lead on the first commercial IP/TCP software for IBM PCs in 1985-1987 at The Wollongong Group. As part of that work, developed the first tunneling RFC, rfc-1088
• Nathan Eisenberg, Atlas Networks Senior System Administrator; manager of 25K sq. ft. of data centers which provide services to Starbucks, Oracle, and local state
• Dave Crocker, author of Internet standards including email, DKIM anti-abuse, electronic data interchange and facsimile, developer of CSNet and MCI national email services, former IETF Area Director for network management, DNS and standards, recipient of IEEE Internet Award for contributions to email, and serial entrepreneur
• Craig Partridge, architect of how email is routed through the Internet; designed the world’s fastest router in the mid 1990s
• Doug Moeller, Chief Technology Officer at Autonet Mobile
• John Todd, Lead Designer/Maintainer – Freenum Project (DNS-based, free telephony/chat pointer system), http://freenum.org/
• Alia Atlas, designed software in a core router (Avici) and has various RFCs around resiliency, MPLS, and ICMP
• Kelly Kane, shared web hosting network operator
• Robert Rodgers, distinguished engineer, Juniper Networks, signing as a private citizen
• Anthony Lauck, helped design and standardize routing protocols and local area network protocols and served on the Internet Architecture Board
• Ramaswamy Aditya, built various networks and web/mail content and application hosting providers including AS10368 (DNAI) which is now part of AS6079 (RCN); did network engineering and peering for that provider; did network engineering for AS25 (UC Berkeley); currently does network engineering for AS177-179 and others (UMich)
• Blake Pfankuch, Connecting Point of Greeley, Network Engineer
• Jon Loeliger, has implemented OSPF, one of the main routing protocols used to determine IP packet delivery; at other companies, has helped design and build the actual computers used to implement core routers or storage delivery systems; at another company, installed network services (T-1 lines and ISP service) into Hotels and Airports across the country
• Jim Deleskie, internetMCI Sr. Network Engineer, Teleglobe Principal Network Architect
• David Barrett, Founder and CEO, Expensify
• Mikki Barry, VP Engineering of InterCon Systems Corp., creators of the first commercial applications software for the Macintosh platform and the first commercial Internet Service Provider in Japan
• Peter Rubenstein,helped to design and build the AOL backbone network, ATDN.
• David Farber, distinguished Professor CMU; Principal in development of CSNET, NSFNET, NREN, GIGABIT TESTBED, and the first operational distributed computer system; EFF board member
• Bradford Chatterjee, Network Engineer, helped design and operate the backbone network for a nationwide ISP serving about 450,000 users
• Gary E. Miller Network Engineer specializing in eCommerce
• Jon Callas, worked on a number of Internet security standards including OpenPGP, ZRTP, DKIM, Signed Syslog, SPKI, and others; also participated in other standards for applications and network routing
• John Kemp, Principal Software Architect, Nokia; helped build the distributed authorization protocol OAuth and its predecessors; former member of the W3C Technical Architecture Group
• Christian Huitema, worked on building the Internet in France and Europe in the 80’s, and authored many Internet standards related to IPv6, RTP, and SIP; a former member of the Internet Architecture Board
• Steve Goldstein, Program Officer for International Networking Coordination at the National Science Foundation 1989-2003, initiated several projects that spread Internet and advanced Internet capabilities globally
• David Newman, 20 years’ experience in performance testing of Internet
  infrastructure; author of three RFCs on measurement techniques (two on firewall performance, one on test traffic contents)
• Justin Krejci, helped build and run the two biggest and most successful municipal wifi networks located in Minneapolis, MN and Riverside, CA; building and running a new FTTH network in Minneapolis
• Christopher Liljenstolpe, was the chief architect for AS3561 (at the time about 30% of the Internet backbone by traffic), and AS1221 (Australia’s main Internet infrastructure)
• Joe Hamelin, co-founder of Seattle Internet Exchange (http://www.seattleix.net) in 1997, and former peering engineer for Amazon in 2001
• John Adams, operations engineer at Twitter, signing as a private citizen
• David M. Miller, CTO / Exec VP for DNS Made Easy (IP Anycast Managed Enterprise DNS provider)
• Seth Breidbart, helped build the Pluribus IMP/TIP for the ARPANET
• Timothy McGinnis, co-chair of the African Network Information Center Policy Development Working Group, and active in various IETF Working Groups
• Richard Kulawiec, 30 years designing/operating academic/commercial/ISP systems and networks
• Larry Stewart, built the Etherphone at Xerox, the first telephone system working over a local area network; designed early e-commerce systems for the Internet at Open Market
• John Pettitt, Internet commerce pioneer, online since 1983, CEO Free Range Content Inc.; founder/CTO CyberSource & Beyond.com; created online fraud protection software that processes over 2 billion transaction a year
• Brandon Ross, Chief Network Architect and CEO of Network Utility Force LLC
• Chris Boyd, runs a green hosting company and supports EFF-Austin as a board member
• Dr. Richard Clayton, designer of Turnpike, widely used Windows-based Internet access suite; prominent Computer Security researcher at Cambridge University
• Robert Bonomi, designed, built, and implemented, the Internet presence for a number of large corporations
• Owen DeLong, member of the ARIN Advisory Council who has spent more than a decade developing better IP addressing policies for the internet in North America and around the world
• Baudouin Schombe, blog design and content trainer
• Lyndon Nerenberg, Creator of IMAP Binary extension (RFC 3516)
• John Gilmore, co-designed BOOTP (RFC 951), which became DHCP, the way you get an IP address when you plug into an Ethernet or get on a WiFi access point; current EFF board member
• John Bond, Systems Engineer at RIPE NCC maintaining AS25152 (k.root-servers.net.) and AS197000 (f.in-addr-servers.arpa. ,f.ip6-servers.arpa.); signing as a private citizen
• Stephen Farrell, co-author on about 15 RFCs
• Samuel Moats, senior systems engineer for the Department of Defense; helps build and defend the networks that deliver data to Defense Department users
• John Vittal, created the first full email client and the email standards still in use today
• Ryan Rawdon, built out and maintains the network infrastructure for a rapidly growing company in our country’s bustling advertising industry; was on the technical operations team for one of our country’s largest residential ISPs
• Brian Haberman, has been involved in the design of IPv6, IGMP/MLD, and NTP within the IETF for nearly 15 years
• Eric Tykwinski, Network Engineer working for a small ISP based in the Philadelphia region; currently maintains the network as well as the DNS and server infrastructure
• Noel Chiappa, has been working on the lowest level stuff (the IP protocol level) since 1977; name on the ‘Birth of the Internet’ plaque at Stanford); actively helping to develop new ‘plumbing’ at that level
• Robert M. Hinden, worked on the gateways in the early Internet, author of many of the core IPv6 specifications, active in the IETF since the first IETF meeting, author of 37 RFCs, and current Internet Society Board of Trustee member
• Alexander McKenzie, former member of the Network Working Group and participated in the design of the first ARPAnet Host protocols; was the manager of the ARPAnet Network Operation Center that kept the network running in the early 1970s; was a charter member of the International Network Working Group that developed the ideas used in TCP and IP
• Keith Moore, was on the Internet Engineering Steering Group from 1996-2000, as one of two Area Directors for applications; wrote or co-wrote technical specification RFCs associated with email, WWW, and IPv6 transition
• Guy Almes, led the connection of universities in Texas to the NSFnet during the late 1980s; served as Chief Engineer of Internet2 in the late 1990s
• David Mercer, formerly of The River Internet, provided service to more of Arizona than any local or national ISP
• Paul Timmins, designed and runs the multi-state network of a medium sized telephone and internet company in the Midwest
• Stephen L. Casner, led the working group that designed the Real-time Transport Protocol that carries the voice signals in VoIP systems
• Tim Rutherford, DNS and network administrator at C4
• Mike Alexander, helped implement (on the Michigan Terminal System at the University of Michigan) one of the first EMail systems to be connected to the Internet (and to its predecessors such as Bitnet, Mailnet, and UUCP); helped with the basic work to connect MTS to the Internet; implemented various IP related drivers on early Macintosh systems: one allowed TCP/IP connections over ISDN lines and another made a TCP connection look like a serial port
• John Klensin, Ph.D., early and ongoing role in the design of Internet applications and coordination and administrative policies; former IAB Chair and former AT&T Internet Architecture VP
• L. Jean Camp, former Senior Member of the Technical Staff at Sandia National Laboratories, focusing on computer security; eight years at Harvard’s Kennedy School; tenured Professor at Indiana Unviersity’s School of Informatics with research addressing security in society.
• Louis Pouzin, designed and implemented the first computer network using datagrams (CYCLADES), from which TCP/IP was derived
• Carl Page, helped found eGroups, the biggest social network
  of its day, 14 million users at the point of sale to Yahoo for around $430,000,000, at which point it became Yahoo Groups
• Phil Lapsley, co-author of the Internet Network News Transfer Protocol (NNTP), RFC 977, and developer of the NNTP reference implementation
• Jack Haverty (MSEE, BSEE MIT 1970), Principal Investigator for several DARPA projects including the first Internet development and operation; Corporate Network Architect for BBN; Founding member of the IAB/ICCB; Internet Architect and Corporate Founding Member of W3C for Oracle Corporation
• Glenn Ricart, Managed the original (FIX) Internet interconnection point
• Ben Laurie, Apache Software Foundation founder, OpenSSL core team member, security researcher. Over half the secure websites on the Internet are powered by his software.
• Chris Wellens President & CEO InterWorking Labs
• Chris Morrow Network Security Engineer at Google, and previously at UUNET. Involved in several IETF routing and security working groups.
• Dave Shambley, entrepreneur and IEEE member
• Bill Jennings, who was VP of Engineering at Cisco for 10 years and responsible for building much of the hardware and embedded software for Cisco’s core router products and high-end Ethernet switches
• Bernie Cosell coauthored the original IMP code, Terminal-IMP [TIP] and monitoring code for the NOC.
• Leonard Kleinrock, one of the “fathers of the Internet”, created the mathematical theory of packet networks, ran the UCLA lab that served as the first node of the ARPANET, and supervised the transmission of its first message.
• Rebecca Hargrave Malamud, helped advance many large-scale Internet projects, and have been working the web since its invention.

En los últimos días, los editores de Wikipedia estuvieron discutiendo con motivo de montar una protesta contra la propuesta de Stop Online Piracy Act (SOPA). Me pidieron que haga algunos comentarios sobre la ley y que explique cuáles son los efectos que la dicha normativa tendría sobre una Internet abierta y libre así como sobre Wikipedia. Mi objetivo en este artículo es proveer algunas informaciones e interpretaciones que creo serán de utilidad para los editores de la comunidad para discutir la ley.

SOPA se ha ganado el dudoso honor de facilitar la censura en Internet en nombre de la lucha contra las violaciones de copyright. La Fundación Wikimedia se opuso a esta legislación, pero tenemos que ser claros en que Wikimedia es igual de firme en contra de las violaciones de copyright. La comunidad de Wikimedia, que ha desarrollado un conocimiento incomparable en materia de leyes de propiedad intelectual, invierte mucho tiempo para asegurarse que los sitios están libres de contenido en infracción. En una comunidad que se nutre de información bajo licencias libres, no hay lugar para abusos en materia de copyright.

Sin embargo, no podemos luchar contra un mal infligiendo otro. SOPA representa la fallida propuesta de entender que la censura es una herramienta aceptable para proteger los intereses privados de los titulares de derechos en un medio en particular. Esto significa que a través de SOPA se podrían bloquear sitios extranjeros completos en los Estados Unidos como estrategia para retirar de la vista materiales que infringen copyright. Esto es así, incluso cuando otros recursos legales como la Digital Millenium Copyright Act han encontrado otros balances mejores sin usar estos métodos. Por esta razón, aplaudimos el excelente trabajo de un gran número de organizaciones afines a nosotros que están liderando la resistencia a esta legislación, incluyendo a la Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge, Creative Commons, Center for Democracy and Technology, NetCoalition, The Internet Society, AmericanCensorchip.org y otras.

El pasado martes, después de recibir comentarios sobre la versión original de la ley, el Comité Jurídico del Parlamento presentó una nueva versión destinada a la sesión prevista para este próximo jueves. Ese día podría votarse por esa modificación. Al final de este artículo, incluyo una síntesis de las partes más relevantes de la nueva versión de SOPA así como un resumen de los procesos legislativos.

Honestamente, esta nueva versión de la ley es mejor (y debemos el crédito al personal del Comité Jurídico por esto). Pero mantiene los mismos errores estructurales, incluyendo el foco en el bloqueo de sitios internacionales completos sólo por alegatos de infracción basados en los Estados Unidos. Las críticas han sido muy significativas.[1] El representante Darrel Issa, un republicano de California, por ejemplo, expresó que siente que la ley “mantiene los sesgos fundamentales que tenía su proyecto predecesor, al bloquear las posibilidades de los americanos de acceder a sitios web, imponiendo costos regulatorios en la web a las compañías y otorgando al Fiscal General Eric Holder y al Departamento de Justicia, amplios poderes para ejercer como policías de la web”.

Miembros de nuestra comunidad están analizando si es apropiado realizar una medida de protesta. Quiero ser muy claro al respecto: La Fundación Wikimedia entiende que la decisión de realizar o no una protesta en Wikipedia, tal como cerrar el sitio o poner un banner, es una decisión de la comunidad. La Fundación Wikimedia va a apoyar a los editores en cualquier decisión que adopten. El propósito de este artículo es proveer de información a los editores, que les ayude en este proceso de discusión.

Fui consultado por mi opinión legal. Y les voy a decir que, desde mi punto de vista, la nueva versión de SOPA sigue siendo una seria amenaza a la libertad de expresión en Internet.

• La nueva versión sigue socavando la DMCA y la jurisdicción federal que promovió Internet como un entorno de cooperación entre los titulares de copyright y los proveedores de servicios. Haciendo esto, SOPA crea un sistema donde el primer paso es el litigio federal para bloquear un sitio web completo: es un paso muy lejano desde el poco costoso sistema legal montado en el protocolo de DMCA de dar de baja materiales en infracción definidos claramente. El crimen es el enlace, no la violación de copyright. El costo es el litigio, no el de una simple notificación.

• Los costos de este tipo de litigio forzarán a que los sitios de bajo presupuesto o aquellos pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, como los del movimiento de conocimiento libre, simplemente no puedan afrontarlos y se rindan.

• La nueva versión de SOPA establece un sistema donde los titulares de derechos pueden frenar las publicidades y los servicios de pago, tales como PayPal, para los sitios acusados de “robar propiedad de los Estados Unidos.” (Sec. 103(c)(2)) El titular de derechos debe conseguir una orden judicial para esto (a diferencia de la versión anterior). (Sec. 103(b)(5)). Buena parte de los titulares de derechos tienen buenas intenciones, pero muchos no [2]. No podemos asumir que los litigios para bloquear pequeños sitios extranjeros serán siempre motivados en la buena fe, especialmente cuando la posibilidad de defensa es difícil.

• Más allá de su discrecionalidad (Secs.102(c)(2)(A-E); 103(c)(2)(A-B)), la nueva ley sigue habilitando serios riesgos de seguridad para nuestras comunicaciones e infraestructura nacional. La ley ya no ordena el bloqueo de DNS pero sigue permitiendo esto como opción. Como explica Sherwin Siy, Director de Legales de Public Knowledge: “La modificación sigue alentando el bloqueo de DNS y el filtrado, lo que preocupa a los expertos en seguridad de Internet…”

La Electronic Frontier Foundation advierte de que la nueva versión del proyecto de ley todavía apunta a herramientas que se puedan emplear para "evitar" la lista negra, incluso aunque esas herramientas sean esenciales para los activistas de derechos humanos y los disidentes políticos de todo el mundo.

Más concretamente con respecto a Wikimedia, la nueva versión es mejor, pero, además de por la razón listada anteriormente, sigue siendo inaceptable:

Wikipedia entra debatiblemente bajo la definición de un "motor de búsqueda de Internet" [3] y, por dicha razón, un fiscal federal podría obtener una orden judicial ordenando que la Fundación Wikimedia retire los enlaces a determinados "sitios infractores extranjeros", o se enfrentaría como mínimo a un desacato de orden judicial.[4] La definición de "sitio infractor extranjero" es amplia[5] y podría perfectamente incluir a sitios legítimos que albergan mayoritariamente contenido legal, pero que pueden tener otro contenido presuntamente infractor en sus sitios. De nuevo, muchos sitios internacionales podrían decidir no defenderse por el excesivo coste económico, permitiendo un bloqueo sin oposición por parte del gobierno.

El resultado es que, por orden judicial, Wikimedia tendría el deber de revisar millones de millones de enlaces de referencias, localizar los enlaces de los llamados "sitios infractores extranjeros", y bloquearlos de nuestros artículos o de los otros proyectos. Eso costaría dinero de los donantes y recursos en la forma de empleados para llevar a cabo semejante trabajo inmenso, y debería repetirse cada vez que un fiscal produjera una orden judicial de cualquier juez federal de los Estados Unidos sobre cualquier nuevo "sitio infractor extranjero". Bloquear enlaces va en contra de nuestra cultura de conocimiento libre, especialmente cuando hay disponibles soluciones precisas para luchar contra el material que infringe.

Bajo la nueva ley, solamente hay una mejora significativa. La nueva versión exime a las empresas basadas en Estados Unidos (incluyendo a la Fundación Wikimedia) de ser sujetas a un régimen de litigio en el que los propietarios de los derechos pudieran reclamar que nuestra web es un "sitio de Internet dedicado al robo de propiedad estadounidense". Algo tan condenatorio contra Wikimedia podría haber resultado fácilmente en demandas para romper nuestros procesadores de pagos para la recogida de fondos. La nueva versión ahora exime a sitios estadounidenses como el nuestro. (Sec. 103(a)(1)(A)(ii))

En definitiva, aunque ha habido algunas mejoras con la nueva versión, SOPA queda lejos de ser aceptable. Sus definiciones son demasiado vagas, y su aproximación estructural es defectuosa de base. Daña Internet, con un acercamiento generalista para bloquear sitios internacionales enteros, y esto es muy preocupante para sitios del movimiento del conocimiento libre que probablemente tengan muy pocos recursos para defenderse desde otros países. Se ha tirado por la borda la medida y concentrada propuesta de la DMCA. Wikimedia necesitará soportar cargas significativas y gastar recursos para cumplir con las concebibles múltiples órdenes, y la ley privará a nuestros lectores de contenidos, información y fuentes internacionales.

Geoff Brigham
General Counsel
Wikimedia Foundation

[1] http://www.cato-at-liberty.org/the-new-sopa-now-with-slightly-less-awfulness/ ; http://cdt.org/blogs/david-sohn/1312proposed-revision-sopa-some-welcome-cuts-major-concerns-remain ; https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/sopa-manager’s-amendment-sorry-folks-it’s-still-blacklist-and-still-disaster

[2.] Ver http://www.chillingeffects.org/resource.cgi?ResourceID=101 (con una lista de artículos documentando los abusos que ciertos propietarios de derechos han efectuado en el marco de la DMCA)

[3.] Un "motor de búsqueda de Internet" se define como "un servicio hecho disponible vía Internet cuya función principal es recolectar e informar, mediante una solicitud del usuario, información indexada o sitios web disponibles en otros lugares de Internet". Sec. 101(15)(A). Esta definición no incluye servicios que conservan "a otra tercera parte sujeta al servicio de procesamiento en los Estados Unidos para recolectar, indexar o reportar información disponible en otros sitios en Internet". Sec. 101(15)(B). Aún sin conceder el punto, Wikimedia discutiblemente no parece caer bajo esta exención.

[4.] Sec. 102(c)(3)(A)(i). Para asegurar el cumplimiento con las órdenes dictadas bajo la Section 102, el Fiscal General puede obtener una medida cautelar contra cualquier motor de búsqueda de Internet que con conocimiento e intencionadamente no cumpla con los requisitos de la Section 102(c)(2)(B) para compelir a dicha entidad a que cumpla con esos requisitos.

[5.] En general, un "sitio infractor extranjero" es cualquier sitio que dirija a estados Unidos, usado por usuarios de Estados Unidos, operado en una manera que podría, si fuera un sitio doméstico de Internet, estar sujeto a responsabilidades por infracción criminal del copyright, así como otras violaciones de copyright federal o de secreto empresarial. Ver Sec. 102(a)(1-2).

Lo dispuso el juez Gustavo Caramelo, como medida cautelar y con respecto a las obras audiovisuales “Falling Skies”, “Bric” y “26 personas para salvar el mundo”. Fue dictada bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en caso de incumplimiento

Mi opinión coincide con la de los Relatores de Libertad de Expresión que ya se han pronunciado al respecto: El bloque de sitios web es una medida extrema que sólo debe ser aplicada en casos extremos. No acuerdo en nada con la cautelar, y mucho menos con la idea de filtrar el sitio. Vale decir que la medida, además de abusiva, es totalmente inconducente: ahora queremos ver qué hacen los ISP para bloquear un sitio donde no están los contenidos que se supone infringen la ley y cuáles son las consecuencias que esto tiene sobre el acceso a otros contenidos no cubiertos por la cautelar. Recordemos que la medida es por tres series del canal I-Sat (alias Turner!).

Por otro lado, dice el Dr. Caramelo en los fundamentos de la Cautelar:

Destacó que el peligro en la demora radica en el uso ilícito
verificado lo que provoca un daño actual, ya que cada vez que un
usuario accede a las series de su propiedad, se constituye un daño que
se continúa e incrementa en la medida en que las series sigan siendo
accesibles a los usuarios de Cuevana T.V.

la verdad, dudo mucho que haya prueba fehaciente de daño, ni siquiera hay razón para sospechar del daño, ya que las series de I-Sat están disponible a la vez en forma gratuita también en el sitio web de la empresa (al menos ahí vi la vez pasada la de Lanata). Por otro lado, dictar una cautelar como esta es casi dictar una sentencia antes de que se haga todo el proceso. Y considerando que esto involucra la libertad de expresión, la posición siempre debe ser garantista de este principio (el fin no justifica los medios, decía un fallo de hace unos días en la Unión Europea)

Más allá de esto, todo lo que sigue resume mi opinión al respecto, y ellos tienen más entidad para decirlo que si lo digo yo.. con ustedes, un ejemplo de defensa de la libertad de expresión en internet!

Relatorías de Libertad de expresión emitieron una declaración conjunta sobre Internet

Washington D.C., 1 de junio de 2011 — La necesidad de proteger y promover Internet y los límites del Estado a la hora de regular este medio fueron puestos de presente en una declaración conjunta firmada este 1º de junio por los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa, África, y las Naciones Unidas.

En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero Marino; la Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, Dunja Mijatović; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula; emitieron una declaración conjunta en la que establecen lineamientos para proteger la libertad de expresión en Internet.

En la Declaración Conjunta los cuatro relatores sostienen que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. En principio, cualquier medida que limite el acceso a la red es ilegítima, a menos que cumpla con los estrictos requisitos que establecen los estándares internacionales para ese tipo de acciones.

Los relatores establecen que la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por la ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.

Acciones como el bloqueo obligatorio de sitios Web constituye una acción extrema que solo podría ser justificada conforme a estándares internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad. También son acciones incompatibles con la libertad de expresión los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales.

Los intermediarios de servicios de Internet, de acuerdo con la declaración, no deberán ser responsables por los contenidos generados por terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el contenido generado por los usuarios. Solo serán responsables cuando omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso, y siempre que tengan la capacidad técnica para llevarlo a cabo. A los intermediarios se les debe exigir ser transparentes acerca de las prácticas en la gestión del tráfico o la información y no aplicar ningún tipo de discriminación en el tratamiento de los datos o el tráfico.

En cuanto a las responsabilidades penales y civiles, la declaración señala que la competencia para resolver conflictos originados por contenidos en la red debería corresponder a los Estados que tengan más cercanía con la causa. Además, los particulares que se sientan afectados por un contenido difundido en la red solo deberían poder iniciar acciones judiciales en la jurisdicción donde demuestren haber sufrido un perjuicio sustancial.

Finalmente, los relatores recomiendan a los Estados adoptar planes de acción detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso universal a Internet, especialmente para los sectores excluidos como las personas pobres, con discapacidad, o que habitan en zonas rurales alejadas.

A continuación, el texto de la Declaración Conjunta:

Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión
DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010;

Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo;

Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;

Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, asó como para facilitar el acceso a bienes y servicios;

Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;

Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional;

Reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;

Preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión;

Considerando los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de Internet de la ONU;

Conscientes del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;

Adoptamos, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet:

1. Principios generales

a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”).

b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.

c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.

d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.

e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.

f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet (“alfabetización digital”).

2. Responsabilidad de intermediarios

a. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo (“principio de mera transmisión”).

b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre “notificación y retirada” que se aplican actualmente).

3. Filtrado y bloqueo

a. El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.

b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.

c. Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.

4. Responsabilidad penal y civil

a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como “turismo de la difamación”).

b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de “lugar público de reunión” que cumple Internet).

c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la “publicación única”).

5. Neutralidad de la red

a. El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.

b. Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible para todos los interesados.

6. Acceso a Internet

a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.

c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.

d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión.

e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:

i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.

ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.

iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.

iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.

f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.

Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión

Dunja Mijatović

Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

Catalina Botero Marino

Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula

Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Clarín saca hoy un artículo donde expone los usos de estas cámaras con fines electorales y políticos en San Martín. A ver qué les parece.

Cruces por el “uso político” de cámaras de seguridad

La utilización de cámaras de seguridad que incluyó el seguimiento de un candidato en el municipio de San Martín, en el conurbano bonaerense, puso en debate hasta dónde confronta la privacidad de las personas con la demanda social de mayor prevención de delitos e impone un nuevo abordaje de las campañas electorales convencionales.

Sigan leyendo el resto del artículo en el sitio de Clarín.

Entre otras cosas, compartieron este video, que siempre es bueno volver a ver. Así que aquí lo copio. El Estado del hermano Mayor, o BigBrotherState.

Pronto subiremos más videos!

Este marco legal nos habilita a solicitar información, modificación y supresión de los datos personales que recojan las diferentes empresas en la prestación de servicios. Por esta razón, desde Vía Libre, ponemos a disposición pública una carta modelo para solicitar a los proveedores de Internet y telefonía que den de baja, supriman y destruyan todo dato de tráfico y geolocación que no sea estrictamente necesario para fines de facturación o prestación del servicio.

Estos datos incluyen las direcciones IP asignadas, los sitios web visitados y la información de geolocación guardada en el marco de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Para resguardar nuestra privacidad y el derecho a la intimidad también consagrado en la Constitución Nacional, facilitamos esta herramienta legal que nos permitirá llevar a la práctica y ejercer al menos dos derechos consagrados en la Constitución, la protección de nuestros datos personales y nuestro derecho a la intimidad.

La presente carta sirve como modelo. Para utilizarla, sólo tenés que completar los datos de tu conexión o servicio y enviarla como carta documento a tu proveedor de Internet y/o Telefonía.

Taking the Tor Challenge is easy:

Decide which kind of Tor relay you want to run. Read What is a Tor Relay and the Legal FAQ.
Watch the Setting Up Tor video, which will guide you through the set up process.
Tell us about your new Tor relay, and we will tell the world that you’ve taken the Tor Challenge!

Fuente: https://www.eff.org/torchallenge/ Bajo Licencia CC Atribución

Why we need Tor

Using Tor protects you against a common form of Internet surveillance known as “traffic analysis.” Traffic analysis can be used to infer who is talking to whom over a public network. Knowing the source and destination of your Internet traffic allows others to track your behavior and interests. This can impact your checkbook if, for example, an e-commerce site uses price discrimination based on your country or institution of origin. It can even threaten your job and physical safety by revealing who and where you are. For example, if you’re travelling abroad and you connect to your employer’s computers to check or send mail, you can inadvertently reveal your national origin and professional affiliation to anyone observing the network, even if the connection is encrypted.

How does traffic analysis work? Internet data packets have two parts: a data payload and a header used for routing. The data payload is whatever is being sent, whether that’s an email message, a web page, or an audio file. Even if you encrypt the data payload of your communications, traffic analysis still reveals a great deal about what you’re doing and, possibly, what you’re saying. That’s because it focuses on the header, which discloses source, destination, size, timing, and so on.

A basic problem for the privacy minded is that the recipient of your communications can see that you sent it by looking at headers. So can authorized intermediaries like Internet service providers, and sometimes unauthorized intermediaries as well. A very simple form of traffic analysis might involve sitting somewhere between sender and recipient on the network, looking at headers.

But there are also more powerful kinds of traffic analysis. Some attackers spy on multiple parts of the Internet and use sophisticated statistical techniques to track the communications patterns of many different organizations and individuals. Encryption does not help against these attackers, since it only hides the content of Internet traffic, not the headers.

Fuente: https://torproject.org/about/overview.html.en