Por Federico Borobio

El hecho de estar inmersos en un momento de profundos cambios en el modo de producir y distribuir contenidos a partir del uso de internet y los soportes digitales, con modelos aún no definidos, sectores en fuerte pugna y poderosos intereses económicos haciendo sentir su presión, se reflejó una y otra vez en el seminario. Y para fortuna de los asistentes, lo hizo en muchos casos a través de sus voceros y protagonistas directos.

En la mesa “Canon digital. ¿Quién, cómo, dónde?”, por ejemplo, la doctora Delia Lipszyc, directora del Instituto de Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, realizó un extenso repaso de la historia del derecho de autor y la legislación vigente, durante la cual manifestó que “cada copia que hace el público de una copia publicada desplaza la venta de esa obra”. La aseveración fue puesta en duda por Xavier Marcé: “no sé hasta que punto una obra que se copia se retira del mercado y deja de ser comprada. A veces no. No estoy en contra de que los autores tengan su remuneración, pero también deberíamos discutir cómo internet amplía ese mercado de modo masivo, y hasta que punto internet difumina esa idea de creador que antes tenía ciertos cánones”. Marcé dio un paso más en el debate, al marcar que “fuera de la reflexión jurídica y técnica, me da la impresión de que cuando hablamos de internet, todavía hacemos un análisis economicista y no hemos sido capaces de conceptualizarlo correctamente. Es decir ¿internet es una tienda, o es un paisaje sobre el cual construimos la sociedad civil? Si es una tienda, ningún problema, se regula y ya. Si es un espacio donde se construye una nueva realidad cívica, habrá que ver como cientos de elementos que son sujetos de derecho en la realidad analógica dejan de serlo en la realidad virtual. En la vida real, en la vida de la calle, yo comparto infinitas bandas sonoras. En la red ¿dónde está ese espacio público?”.

Por otra parte, las sociedades de gestión colectiva tuvieron su propia mesa con la participación de Eduardo de Freitas (Uruguay, Director General Adjunto de la Asociación General de Autores de Uruguay), la Dra. Etel Ferraro (Argentina, SADAIC), el Dr. Pablo Máspero (Argentina, CAPIF) y Víctor Yunes (Argentina, Secretario General de SADAIC).

Yunes arrancó su participación hablando en plural: “nosotros los autores y compositores estamos convencidos de que todo comienza con una canción, pero también sabemos que después necesitamos un intérprete, y después necesitamos que las empresas confíen en la canción y el intérprete e inviertan su dinero, y que la canción, el intérprete y la empresa tengan la buena suerte de que los radiodifusores consideren que esas canciones son aptas para que la gente pueda disfrutar de esa música. Es todo una cadena. Como producto de esto tenemos un Gardel, la Filarmónica de Londres y Jaimes Roos. Y así es el mundo, felizmente es así”. Y cerró, siempre en tono poético, citando al presidente de Uruguay: “me tocó estar al lado de Pepe Mujica cuando nos dijo muchachos, cuiden y protejan sus derechos, porque sino ocurre que ustedes trabajan de trueno y es para otros el agua de lluvia”.

En la misma mesa, Pablo Máspero, de CAPIF (la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas que agrupa entre otras a Sony Music Entertainment, The Walt Disney Company, Universal y Warner Music), fue menos poético pero ciertamente mas dramático.“Cuando se desconocen los derechos de propiedad intelectual, se desconoce el derecho a nuestros proyectos de vida, a la cultura, a la identidad cultural y política. No hay forma de construir el edificio de las industrias culturales sin el cimiento de la propiedad intelectual”. Y remató: “nadie va a invertir absolutamente nada, ni de esfuerzo personal ni de esfuerzo económico, si no tiene un marco legal para ello. No seamos utópicos, eso no existe, eso es imposible”. Hacia el final de su intervención Máspero dejó un mensaje contundente al afirmar que “nadie pone en tela de juicio el derecho de acceso a la cultura, pero eso no significa que sea a expensas del plato de comida que los creadores llevan a su casa. Ser demócrata es respetar el marco legal vigente y plantear el debate donde se debe plantear. La propiedad intelectual es activo principal del acervo jurídico argentino y latinoamericano, y estamos dispuestos a seguir dando batalla por ello”, advirtió el Director de Asuntos Jurídicos de CAPIF.

La advertencia no era abstracta. Esa misma mañana, más temprano, otras partes involucradas en la “batalla” habían dicho lo suyo en el marco de la mesa “El derecho de autor en las industrias culturales, ¿quién se beneficia?”. Allí, Beatriz Busaniche, Secretaria de la Fundación Vía Libre y Public Leader de Creative Commons en Argentina, inició su presentación con una declaración. “Cuando llegué al predio, me puse una remera que dice Taringa!. Y esto es una declaración política, que tiene que ver con una declaración, también política, emitida por los relatores de libertad de expresión de la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual dicen que no se debe pedir a los proveedores de servicios de Internet, incluyendo los proveedores de hosting, los buscadores, los proveedores de servicios de contenido, que den de baja contenidos, o materiales bajo derecho de autor, sin que medie una orden judicial fehaciente. Esto es básicamente para proteger el debido proceso y la libertad de expresión. El fallo que procesa a los dueños de este portal argentino, se basa en que ellos permitieron que existieran links, cuando en ningún momento medió una orden judicial para dar de baja a estos links”.

Ya en tema, Busaniche preguntó: ¿Cuántos de ustedes compraron un disco y lo compraron de vuelta para tenerlo en el auto, y lo compraron otra vez para tenerlo en la oficina? Eso es lo que se conoce como copia privada”. “Se conoce como piratería”, se escuchó desde el fondo de la sala. Y continuó. “El punto es que este es el contexto en que vivimos. Cuando nos dicen que estamos radicalizados, decimos que no es así. Con conseguir muchas excepciones en la ley para usos justos, con que dejen de criminalizar a los bibliotecarios, que dejen de poner medidas para desconectarnos de internet, que se respete la libertad de expresión, que dejen de pensar que estamos contra los autores…nosotros apreciamos a los autores, y celebramos cuando vemos algo como la iniciativa de la revista Orsai de publicar autores pagándoles el 50% de las ganancias del libro. ¿Cuántos escritores conocen ustedes que ganen el 50% del precio de tapa, y que no paguen? Nosotros queremos que haya mucha cultura, muchos autores. Lo que nosotros no queremos es que usando el sistema de copyright y el sistema de derechos de autor ahoguen la creatividad”. A su lado, Joost Smiers, autor de Imagine No Copyright (ver nota), asentía con la cabeza. Finalmente, la representante de Vía Libre le dedicó un párrafo al MICA y a las sociedades de gestión: “el futuro de internet no está en el MICA, porqué el futuro de internet no sabe cómo llegar acá, no sabe qué es el MICA, no sabe tampoco que son las Industrias Culturales. El futuro de internet probablemente tenga quince años y esté en su casa desarrollando algo que nos va a sorprender mañana. Nuestra primera y absoluta responsabilidad es preservar internet abierta, libre, neutral y con libertad de expresión. Para que el futuro de internet no lo ahoguen los señores del siglo 19 que estuvieron hablando acá ”.

Así las cosas, entre posturas duras y conciliadoras, taxativas y desconcertadas, minimalistas y maximalistas, discusiones acaloradas y acusaciones cruzadas, la activa participación del público marcó hasta qué punto esta polémica abierta nos concierne a todos, seamos o no conscientes de ello.

Nota de prensa completa en el sitio de Julio Raffo.

Debate: ¿el derecho de autor protege a la obra o al autor?

El cuestionamiento a los criterios dominantes en la aplicación de la ley sobre derechos de autor provocó un interesante debate durante la presentación del libro “Derecho autoral. Hacia un nuevo paradigma”, del abogado y diputado por la ciudad Julio Raffo, editado por Marcial Pons.

Participaron del debate, realizado en la Feria del Libro, la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci (ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza), Miguel Ángel Emery (especialista en derecho de autor) y Beatriz Busaniche (secretaria de la Fundación Vía Libre y titular de cátedra del Seminario Copyright/Copyleft de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA). Coordinó la mesa Valentina Delich (Directora Académica de la Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO-Argentina) y prologuista de la obra.

Busaniche celebró la obra por considerarla “provocadora” y plena de “sentido común” para afrontar el tema. Dijo que las restricciones al libre uso de los materiales culturales significan “prohibir cosas que hacemos todos, todos los días” dadas las facilidades tecnológicas y la expansión de internet. “La ley se lleva a las patadas con el paradigma tecnológico”, dijo y abogó por repensarla para que esté acorde con el siglo XXI, que contemple los derechos de los autores pero con “un criterio socialmente más justo”.

En la posición contraria se ubicó Emery. Si bien expresó su acuerdo con determinados enfoques y reflexiones de Raffo, como su crítica al concepto de “derechos morales” y a normativas que impiden al autor el libre uso de su producto, defendió la legislación actual por estar diseñada “para que los autores puedan vivir de su obra”. Si los autores no son recompensados y todo se usa libremente en internet, ejemplificó, en poco tiempo la red de redes sólo facilitará “un intercambio masivo de mensajes sin contenido”. Proteger la producción autoral es proteger la cultura propia, agregó.

Kelmelmajer hizo suyas ciertas definiciones de la prologuista Delich, ya que encontró el trabajo “provocativo pero sin arrogancia”, “explícito” y fuente para el debate y rescató que al tradicional enfoque de “obra” y “autor”, Raffo agregue un tercer factor, “el público”, sin el cual las dos categorías anteriores pierden sentido. “El fin del derecho es para la gente”, dijo, por lo que consideró de importancia primordial que el autor pueda disponer libremente de lo que produce.

A la presentación del libro asistieron numerosas personalidades del sector cinematográfico (en el que se especializa Raffo), juristas, funcionarios de la Justicia y políticos, entre otros.

Pino Solanas

Al término del acto concurrió el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, diputado nacional Fernando (Pino) Solanas, quien se vio demorado por la sesión que se realizaba en la Cámara.

Solanas departió con algunos asistentes y posteriormente se reunió privadamente con Raffo –diputado de Proyecto Sur en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- hasta poco antes del cierre de la Feria.

“Derecho autoral: Hacia un nuevo paradigma”

“Derecho autoral. Hacia un nuevo paradigma” critica el criterio dominante en materia de Derecho de autor, según el cual la “obra protegida” constituye el punto de partida de toda la disciplina. Raffo propone que el sujeto del Derecho de Autor es el autor y no la obra, que la originalidad no es otra cosa que el fenómeno de la autoría (y no una característica objetiva de la obra), que la inteligencia no es condición necesaria para la creación y que los derechos morales no requieren una ingeniería jurídica ad-hoc para su determinación.

El camino a recorrer implica examinar primero la estructura de la obra autoral como objeto cultural, para después describir el trato o uso que se tiene con ella, revisar luego la normativa que a ella se refiere y establecer su relación con aquel fenómeno. Para el final queda considerar el papel que les cabe a las entidades de gestión de derechos colectivos y proyectar en el Derecho de Autor algunas consideraciones sobre el abuso de derecho.

Índice general

Capítulo I – Introducción: el paradigma del Derecho autoral

Capítulo II – La obra como objeto cultural

Capítulo III – La obra y el proceso creativo

Capítulo IV – El uso de las obras autorales

Capítulo V – La regulación de los derechos del autor

Capítulo VI – Las sociedades de gestión de los derechos del autor

Capítulo VII – El “abuso del Derecho” en el Derecho autoral

Julio Raffo

Julio Raffo es abogado y ha sido asesor legal en la producción de más de 60 películas nacionales y extranjeras. Ha sido Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina), Coordinador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Director del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV – Cuba) desde 1990 ininterrumpidamente. Además de ser autor de varios libros –entre ellos “La película cinematográfica y el video”, “El proyecto de realización audiovisual” y “Ley de cine”-; Julio Raffo debutó como director con el documental “Caseros, en la cárcel” que se estrenó comercialmente en 2006. Cabe destacar su participación en la Feria del Libro de Frankfurt 2010, donde expuso acerca de la cultura libre y libre acceso al conocimiento para el siglo digital.

Aquí una nota muy interesante de Publico.es sobre el lanzamiento de la guía de desobediencia civil contra la Ley Sinde.

Los autores del manual, Hacktivistas.net , junto a la editorial Traficantes de Sueños y el periódico Diagonal, que han apoyado su edición, han presentado hoy este texto que resume las posibilidades que la red ofrece para “evitar la censura”. Según sus defensores, con este manual Hacktivistas resume lo que cientos de activistas en la Red han hecho, y creen que ahora será útil para demostrar la “ineficacia” de la Ley Sinde.

Así, recuerdan que en febrero, y después de más de un año de recorrido parlamentario, el Congreso Español aprobó la Ley Sinde con el apoyo del PSOE, PP y CiU. Una Ley, que “aunque parezca sorprendente, está creada con el objetivo de poder saltarse la legalidad vigente”.

“Las sentencias hasta la fecha dejaban claro que no había un delito penal en enlazar material con copyright, y por esa razón han creado un mecanismo administrativo que se salte el poder judicial. Una ley que además de inútil, abre el camino a la censura administrativa y a la vulneración de derechos fundamentales en internet. Por si fuera poco, es una ley nacida de las presiones de la administración estadounidense”, plantean.

Por todo esto, desde Hacktivistas han desarrollado este “manual de desobediencia” por creer que “esta ley nace muerta”. “Es importante destacar que no hemos inventado nada de lo que aparece en este manual. Todas estas herramientas ya estaban disponibles antes de que comenzarán a redactar la ley. Y si la comisión administrativa incorporara alguna novedad que impidiera el uso de alguna de estas herramientas, la sustituirá otra que no pueda ser detenida. Internet nació libre y seguirá libre. Con este manual solo queremos facilitar el cambio. Internautas y webmasters encontrarán en este manual los métodos que consideramos más útiles y sencillos de esquivar la ley o sus mecanismos de control”, subrayan.

Por otro lado, critican que “el Gobierno, los partidos que apoyaron la ley o las entidades de gestión pueden intentar hacernos creer que han ganado”. Por eso afirman que han creado este manual para “demostrarles que no pueden”. “Nos obligan a desobedecer la ley y a saltarnos sus mecanismos de control. En vez de promover la cultura, ilegalizan a quienes están dispuestos a crearla y promoverla. Mientras ellos crean comisiones de censura, nosotras y nosotros “rippeamos”, subtitulamos, traducimos y compartimos. Nos han convertido en delincuentes. Actuemos como tal. Detengamos la máquina”, recalcan.

En un post oficial de la cuenta de Taringa dicen:

Muchos sabrán a esta altura la situación que atraviesa hoy Taringa! Es por esto que queremos explicar los hechos con claridad como siempre lo hacemos, defendiendo nuestro trabajo y explicando el potencial daño que este proceso podría causar a la libertad en Internet en nuestro país.

Hacia 2009, La Cámara Argentina del Libro, las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A. promovieron una denuncia contra Taringa! y otros sitios por supuesta infracción a la ley 11.723. La denuncia originalmente no prosperó en un procesamiento, y sólo pudo seguir su curso, luego de un recurso de apelación denegada.

Tal vez no todos nuestros usuarios sepan que significa este procesamiento, es por ello que nos parece bueno una breve reseña y así tener algo de claridad sobre lo mucho (o poco) que se está informando en este tema: El procesamiento es una instancia procesal que da por concluida la etapa de instrucción, de cara a la elevación a juicio de una causa penal. En términos generales el procesamiento indica que para los jueces existen elementos que justifican un juicio oral

¿Qué es lo que pasó hasta ahora?

Se nos intenta responsabilizar por ser titulares del medio, del instrumento, sin detenerse a reparar que no hemos cometido ninguna conducta penada por la ley. La Cámara confirma un procesamiento a partir de la presunta participación criminal en hechos penados por el art 72 de la ley 11.723, lo que equivale a sostener que como administradores de un sitio web somos garantes de la conducta seguida por nuestros millones de usuarios. Esto afirma el auto de procesamiento de primera instancia al intentar explicar el funcionamiento de este sitio web “Dicho accionar ha permitido que usuarios publicaran links autorizando la descarga de obras protegidas… sin que dicho accionar fuera evitado”. Se endilga la omisión en el control sin siquiera reparar si tal control es posible (esta es la verdadera discusión que debería estar planteándose en la justicia), y de allí se concluye en la participación criminal (si, leyeron bien, criminal) por omisión de una conducta penal que sólo puede ser cumplida por “comisión”, es decir llevándola adelante.

Bajo esta lógica se acusará también a los proveedores de Internet, a los buscadores, a los blogs, redes sociales, etc etc. sin cuya participación no habría delito posible. No es un dato menor, porque no es una discusión sobre Taringa! sino que abarca a todos los que participamos de internet y las redes sociales.

Es el Estado quien tiene a cargo la persecución de los autores de delitos, y es también a los titulares de derechos de autor a quienes la ley les da las herramientas para proteger sus obras. Como administradores de un sitio web no podemos reemplazar a uno ni a otros, no podemos investigar el destino final de cada uno de los 20.000 post diarios que recibimos, escrutando la inmensidad de Internet, para determinar eventualmente sobre la licitud o ilicitud de lo que sea que allí encontremos.

Este fallo deja entrever el escaso conocimiento y estudio que existe en nuestra justicia sobre Internet y el profundo impacto que la misma supone para el entramado de relaciones jurídicas de nuestro mundo actual. Es preciso que nuestros usuarios sepan que esperamos el Juicio para defendernos y defender aquello en lo que creemos. Lo que aquí se resuelva será de suma importancia para todos los que formamos parte de Internet.

Confiamos entonces que en esa oportunidad nuestra Justicia sabrá juzgarnos sobre la base de aquello que hayamos hecho y esté prohibido por las leyes, ya que está en riesgo el futuro de Internet tal como la conocemos hoy en día, el futuro de los contenidos, de los accesos y de todas las herramientas que usamos a diario para trabajar, para entretenernos, para informarnos.

El próximo domingo un tercio del electorado de la provincia de Salta podrá elegir a sus autoridades y legisladores con una alternativa tecnológica a la tradicional boleta de papel. Aunque hay voces a favor de esta vía, desde el Gobierno nacional se oponen a su llegada a todo el país.

El voto electrónico, visto como una panacea por “tecno-optimistas” para las democracias modernas y como una “caja de Pandora” por sus críticos por posibles manipulaciones, vivirá el domingo una “prueba de fuego” en Salta, donde un tercio del electorado probará una variante de este sistema.

Por el momento, la Argentina se encuentra lejos de los cuatro países que utilizan el voto electrónico en forma masiva: la India, Filipinas, Brasil y Venezuela.

También no está en las antípodas de estas naciones, como Alemania, Holanda y Bélgica.

En la provincia de Salta, el domingo se llevará a cabo la experiencia de votación con el sistema electrónico de mayor alcance en la Argentina. Será en 79 escuelas y en 725 mesas, lo que equivale a un tercio del padrón.

En total serán 244.702 ciudadanos que sufragarán con esta nueva modalidad, mientras que 568.179 lo harán con voto de papel, para componer un padrón total de 812.881 personas.

Por una ley, la provincia norteña deberá cubrir el 66% del padrón en la elección de 2013 y al total de los votantes en 2015.

Las mesas con voto electrónico serán en seis municipios: Orán, Metán, Salta Capital, Cafayate, San Lorenzo y La Caldera.

En rigor de verdad, la prueba salteña será de “boleta electrónica” y no de “urna electrónica”.

¿Cómo funciona el sistema? Una computadora ubicada en una escuela imprime la boleta elegida por el elector, quien deberá depositarla en la urna.

Un procesador informático en la boleta sirve para cotejar luego con la máquina la coincidencia en el número de electores y entrega el resultado. El acta de la urna es enviada por Internet al centro de cómputos.

Salta no está sola en este proceso. Tierra del Fuego hizo una elección municipal en su capital, Ushuaia, aunque los planes para extender el voto electrónico fueron postergados este año en la Legislatura. También hubo votaciones electrónicas con extranjeros empadronados en Buenos Aires, y en el partido de Pinamar.

La prueba en el distrito del norte del país es relevante además porque sucede a los polémicos comicios de Chubut, donde las irregularidades verificadas en cinco mesas impiden por ahora proclamar una fórmula electa.

Sin embargo, el gigantesco apagón eléctrico que sufrió Salta el martes, despertó señales de alerta ante su posible repetición el domingo.

La posición del Gobierno nacional no es favorable con la alternativa electoral tecnológica: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo a Radio 10 en marzo que “este gobierno está a muerte en contra del voto electrónico, ya que la digitalización ‘deslegitima’ las votaciones”.

Fernández tiene posiciones cercanas al movimiento del software libre, del cual uno de sus líderes mundiales, el estadounidense Richard Stallman, es también un opositor a esta variante.

En el prólogo del libro “Voto electrónico, los riesgos de una ilusión”, Stallman afirma que “muchos activistas de software libre piensan que usarlo en la máquina de votación asegura una elección honesta. Usar software privativo es malo aquí, como siempre: el fabricante podría diseñarlo a sus anchas para fraude. Pero ser libre no basta, porque luego la autoridad electoral podría hacer el fraude. El único sistema confiable es votar con papel”.

A favor
Martín Carranza Torres, socio de Carranza Torres & Asociados, es un impulsor de la alternativa tecnológica. “Con la implementación del voto electrónico Chubut tendría gobernador. Pero lo ocurrido en esa provincia el 20 de marzo es un misterio. O, acaso, el resultado de la obstinada conducta que las autoridades correspondientes se niegan a abandonar. O, porque no, uno de los ejemplos más crudos sobre los ardides de la vieja política”, señaló ante iProfesional.com.

“Algo es cierto: frente al avance tecnológico algunas máquinas viejas y obsoletas debieran ser conservadas como piezas de museo. Si eso hubiera sucedido no habría habido incertidumbre y hoy sabríamos quien gobernará la provincia sureña en los próximos cuatro años”, apuntó.

Para Carranza Torres, “el voto electrónico pareciera acercar un puente de solución entre los arcaicos y nuevos hábitos ciudadanos. Las invenciones que la modernidad nos aporta apuntan a mejorar nuestra calidad de vida, a ahorrarnos espacios y demoras. Lo vivido días atrás en Chubut nos obliga a pensar la importancia que representa la incorporación de la tecnología en la sociedad”.

¿Qué es el voto electrónico? Para este abogado, “es un acto por el cual un individuo expresa su preferencia por determinada moción o candidato a través de medios electrónicos y su correspondiente conteo al momento de la emisión que, a diferencia del sistema tradicional, ofrece mayor eficiencia, celeridad y seguridad”.

¿Cuáles son sus beneficios? “Otorga el registro y la comprobación de la identidad del votante, la manifestación del sufragio, la enumeración de votos y la cesión de los resultados en muy corto tiempo”, enumeró Carranza Torres. “Además de proveer una mejor accesibilidad para los votantes con algún tipo de discapacidad”, agregó.

Otros de los componentes “positivos”, según el abogado, que posee el voto electrónico están dados por “una participación más democrática y transparente de la ciudadanía”, como así también por “la disminución de los costos, la garantía de la existencia de todas las boletas partidarias, la obturación de ciertos vicios y rumores sobre fraude electoral, el perfeccionamiento en el manejo del período normal del procesamiento y la contribución a la organización de elecciones más eficientes a partir de la incorporación de las urnas electrónicas”.

Al comparar los casos de Chubut y de Salta, señaló que “la provincia sureña habrá coronado a su futuro gobernador semanas después de los comicios”, mientras que “la provincia del norte tendrá su resultado una hora más tarde. Dos realidades distintas, un mismo país”.

En contra
Quienes se oponen al sistema de voto electrónico exponen como argumento un fallo de la Corte Constitucional de Alemania, publicado en marzo de 2009 (http://www.vialibre.org.ar/2009/03/06/alemania-urnas-electronicas-anticonstitucionales/).

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, explicó a iProfesional.com que el tribunal germano declaró que el voto electrónico “violaba garantías constitucionales de los ciudadanos de ese país y por tanto prohibió su uso en elecciones vinculantes”.

“Alemania es uno de los tantos países que luego de probar el sistema decidió volver al papel. Otro caso llamativo es Holanda, que luego de comprobar que las urnas electrónicas no ofrecían suficientes reaseguros al derecho al voto secreto, decidió dejar de usarlas, igual que Alemania, para asegurar derechos ciudadanos. Los dos casos son emblemáticos, porque usaron el sistema y volvieron al sistema tradicional. Pero además, porque ambos son países del promocionado ‘primer mundo’ que tantas veces pretendemos tomar como ejemplo”, destacó.

¿Y la experiencia de Brasil, que se usa habitualmente como ejemplo? Al respecto, Busaniche señaló que “nada se dice de los silenciados cuestionamientos que llegan sistemáticamente de las principales autoridades en seguridad informática del vecino país. Brasil tiene el peor de los escenarios: un sistema que no deja boletas en papel para volver a contar y donde las advertencias están silenciadas por los poderes políticos y la prensa”.

Para la integrante de la Fundación Vía Libre, y una de las contribuyentes de contenido del sitio http://www.votoelectronico.org.ar, los sistemas electorales “deben velar por, al menos, dos aspectos básicos: la integridad y el secreto del voto. Los sistemas de voto electrónico han fallado sistemáticamente en alguno de ellos cuando no en ambos”.

Recordó que en la Argentina se dio un caso de ese tipo en el balneario rionegrino de Las Grutas, donde “tras la fallida elección de 2007 los concejales no sólo revirtieron la ordenanza de voto electrónicio sino que pidieron disculpas a la ciudadanía por haber comprado la promoción de los agentes de marketing del voto electrónico”.

“No existe hasta el momento un sistema de voto electrónico que no haya sido vulnerado en alguno de estos aspectos. A la vulnerabilidad hay que sumar el hecho de que la informática facilita, abarata y optimiza toda posibilidad de realizar un fraude a gran escala y ocultar luego las posibles pruebas del mismo”, advirtió.

“Los ciudadanos tenemos derecho a votar, pero también a auditar las elecciones. El voto electrónico impide ejercer ese derecho a los ciudadanos comunes. Es una forma de expulsar a los no expertos del derecho de auditar y a su vez es una forma de privatizar el proceso electoral”, afirmó.

Busaniche remarcó que en la Argentina, salvo en el caso de las Grutas, donde las urnas electrónicas fueron provistas por una sociedad del Estado (Altec), “todas las ofertas en vigencia corresponden a empresas privadas que tendrán, repentinamente, el poder de controlar, auditar y manejar el acto de emisión del voto, un acto eminentemente ciudadano y público que no queremos ni debemos privatizar”.

“Si lo que deseamos es mejorar nuestra democracia y terminar con los problemas del voto tradicional, lo que necesitamos es más y mejor participación ciudadana. Integrar una caja negra al proceso no nos ayudará a dotar de transparencia un proceso donde la participación ciudadana es esencial”, concluyó.

Tras la polémica elección en Chubut, el Ministerio del Interior ensayará el sistema en la provincia; especialistas en seguridad informática advierten que la mejor modalidad es la tradicional

Por Por Maia Jastreblansky / De la Redacción de lanacion.com

Pasaron más de quince días y aún los chubutenses no saben quién será su gobernador. Las urnas, con las tradicionales boletas que cada votante eligió en la intimidad del cuarto oscuro son la única prueba que ahora queda de la voluntad popular. A cuatro días de la tercera elección provincial, una novedad se va a plantear en Salta cuando un tercio del padrón estrene la modalidad del voto electrónico, en un sistema que, asegura el Gobierno, garantizará la transparencia y la celeridad que no tuvieron las autoridades electorales en la provincia patagónica.

A pesar de que semanas atrás el jefe de Gabinete, Aníbal Fernandez, expresó públicamente que “este Gobierno está a muerte en contra del voto electrónico”, desde el ministerio del Interior señalaron a lanacion.com que se están estudiando las diferentes posibilidades y que apoyarán a las provincias que quieran buscar su implementación. De hecho, el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, viajará a Salta para observar la experiencia que tendrá lugar el próximo domingo.

No obstante, los mayores detractores de la digitalización del voto son curiosamente, los especialistas en seguridad informática, que advierten que no hay hasta el momento mejor sistema que el sufragio tradicional. La advertencia obliga a poner atención a cuál será el camino que seguirán las autoridades para avanzar en el camino digital, ante el abanico de sistemas que hay en el mercado y luego de muchas experiencias frustradas en el mundo.

Los planes del Gobierno. “Tenemos una comisión que estudia el voto electrónico”, informó Tullio a lanacion.com aunque resaltó que “todavía falta un largo trayecto” para pensar en una implementación a nivel nacional.

“Tiene que implementarse paulatinamente y de manera local. Hay que asegurarse que traiga tanto celeridad como certeza. En Salta hay un órgano serio y preparado”, agregó el funcionario, y aprovechó para marcar la diferencia con las autoridades electorales de Chubut: “Quedó demostrado que fueron irresponsables al convocar en una fecha distinta a los comicios nacionales. No están capacitados”.

Ante la pregunta sobre si el Gobierno tiene en sus planes continuar por el sendero de la digitalización, Tullio fue cauto: “Hay que asegurar la rigurosidad del órgano electoral, la capacidad de la empresa que brinde el servicio y la transparencia en la fiscalización. Si esas tres cosas se dan, no hay problema en avanzar”, indicó. No obstante, aclaró: “Muy pocos países tienen voto electrónico, no hay apuro por pertenecer a un club tan pequeño”.

La prueba de Salta. En las elecciones salteñas que tendrán lugar el próximo domingo convivirá el sufragio tradicional con un nuevo sistema basado en la tecnología de la boleta de voto electrónico.

Según describió a lanacion.com la secretaria del Tribunal Electoral salteño, Teresa Ovejero, “lo fundamental es que no se trata de una urna electrónica sino una máquina de votar que le agrega tecnología al proceso”. La funcionaria enfatizó que “la computadora no tendrá un disco que registra los votos, sino que estos solo quedan en las boletas individuales”. Luego, al cerrarse la votación, los fiscales deben pasar una por una las boletas por el escáner, que realizará el escrutinio.

El domingo próximo, las autoridades de mesa de Salta entregarán a un tercio de los votantes una boleta que tiene incorporado un chip. Tras ingresar el cartón en la impresora de la computadora, esta se habilitará para efectuar el sufragio. A partir de allí la persona puede elegir entre votar en blanco, elegir una lista completa o “cortar boleta” de manera digital. Luego de que se confirma que el voto fue registrado correctamente, este se graba en la boleta, de manera que la elección queda tanto impresa como registrada en el chip. Acercándola a un verificador, el votante podrá corroborar que se registró correctamente.

Ovejero resaltó: “Además de la velocidad del escrutinio, la ventaja es que están garantizadas todas las opciones en cada voto sin la posibilidad de que falten boletas. Además, los partidos con menor estructura ya no necesitan tantos fiscales”.

La funcionaria aseguró que contó con total anuencia de los partidos opositores para su implementación, que estuvo a cargo de la empresa Magic Software Argentina, con la que se trabajó en las internas que tuvieron lugar en la provincia el pasado enero. Según confirmó la funcionaria salteña, entre ambos procesos se requirió una inversión de diez millones de dólares.

Los mayores detractores, los especialistas. “Votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude “. La afirmación corresponde nada menos que a Richard Stallman, el líder del movimiento del software libre en el mundo y uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito de la seguridad informática.

El experto se encargó de alertar a la comunidad internacional sobre los riesgos que entraña la introducción de la digitalización en el acto electoral. “No podemos dar por supuesto que el fabricante es honesto, ni que la autoridad electoral es honesta ni que los dos no conspiran juntos”, escribió en el prólogo del libro “Voto electrónico, los riesgos de una ilusión”, de los argentinos de la Fundación Vía Libre especializada en nuevas tecnologías, Nicolás Heinz y Beatriz Busaniche.

Heinz explicó a lanacion.com que en la mayoría de la comunidad especializada en sistemas informáticos desaconsejan el mecanismo para los actos electorales.

Al evaluar el sistema que se utilizará en Salta consideró que es mejor que otros sistemas que no utilizan el papel en absoluto, aunque advirtió que “no se puede asegurar que alguien que haya participado en la instalación no haya guardado información o haya hecho un diseño previo orientado de determinada manera”.

“Otro punto débil es respecto al secreto del voto. El chip de las boletas tiene un número de serie y basta con que se tome nota del orden que fueron entregadas para hacer el correlato. Más allá de eso, es suficiente con que se le haga creer al votante, que no está habituado al sistema, que existe la posibilidad de conocer su elección para ejercer una coerción”, señaló.

Además indicó que el sistema de Salta tiene el problema de la redundancia de la información, porque el voto queda registrado en el chip y en la impresión. “En el caso de que no haya concordancia, ¿Qué información se tendrá en cuenta?”, se preguntó.

En tanto, Heinz enfatizó en la importancia de avanzar con cautela en la digitalización. “Es importante que un porcentaje estadístico de las urnas sea contado a mano y no a través del lector digital. Además habría que asegurarse conocer la composición accionaria de las empresas proveedoras y sus vínculos con las autoridades. Todo ello en el papel se resuelve de una manera sencilla porque todo el mundo puede auditar el proceso”, concluyó.

Las experiencias en el mundo. Pero las advertencias no llegan sólo de los especialistas sino también de lo que dejó la experiencia en distintos puntos del mundo. “En Europa están retrocediendo. En Holanda y Bélgica han dicho que esto no sirve y en Irlanda se gastó 50 millones de euros en un sistema que luego se abandonó. El caso más fuerte es el de Alemania donde hubo una decisión normativa: la Corte Suprema declaró que el uso de urnas electrónicas es inconstitucional”, recordó Heinz.

De hecho, en la actualidad sólo India, Filipinas, Brasil y Venezuela utilizan el voto electrónico para todos sus cargos electivos.

Desde hace más de una década la totalidad de los votantes brasileños usa urnas electrónicas. Los cariocas interactúan con una pantalla sensible al tacto, que luego de admitir e identificar la validez del votante, le presenta las opciones y una vez efectuado el voto, este queda grabado en un archivo digital dentro de la máquina y se imprime un ticket como comprobante.

“El sistema que se utiliza en Brasil corre un riesgo muy simple ¿Qué ocurre si uno confirma en la computadora “voto por Fulano” y al confirmar me indica “Usted votó por Mengano”. El voto se registró y las autoridades electorales no sabrán si confiar en la máquina o en el votante”, alertó Heinz.

Lo cierto es que este país se presenta como pionero en la materia y ya colaboró con las primeras experiencias de Paraguay. En los últimos comicios, donde fue electa Dilma Rousseff, a los pocos minutos comenzaron a brindarse oficialmente los primeros resultados de más de cien millones de votantes.

Casos aislados en el país. La Argentina tampoco estuvo exenta de ensayos y errores. Ushuaia fue la primera ciudad que utilizó el voto electrónico en el país en 2003, con un sistema provisto por la empresa española Indra, la misma que hasta el 2009 se encargó de llevar el registro de los escrutinios en las votaciones nacionales y que aún está en diálogo para ser la que quede a cargo de los de este año. En la ciudad más austral del mundo volvieron al papel en 2007.

Otra experiencia frustrada se tuvo en la localidad de Las Grutas donde hace cuatro años se probó un grupo de urnas electrónicas. Al finalizar la votación una de ellas arrojo un resultado sorprendente: cero. El escándalo obligó al consejo deliberante a derogar la ordenanza que habilitaba el voto electrónico.

El último caso se dio en Pinamar en marzo del año pasado donde se aprovechó la elección de intendente para hacer una nueva prueba piloto de voto electrónico con 60 urnas electrónicas.

Lo cierto este cargado año electoral que recién comienza ya demostró que el voto tradicional tampoco está exento de dudas, sobre todo ante resultados ajustados en donde una irregularidad puede definir una elección. Qué hubiera ocurrido en Chubut si se hubiera implementado el voto electrónico es algo que no podemos saber. Que el escándalo hubiera sido mayor o que se hubiera garantizado la transparencia son las dos respuestas antagónicas que surgen, según a quién se consulte.

Por Luciana Dalmagro
Aunque durante años fue bien visto pedir por su implementación, en momentos en que persisten las dudas sobre el resultado de las elecciones en Chubut, vuelven a aparecer voces a favor del voto electrónico, pero ahora son muchas también la que lo cuestionan. El análisis de especialistas y un repaso de lo que se dijo al respecto en Entre Ríos.

“¿Se imaginan una elección como la de Chubut con voto electrónico, sin que nadie haya visto nada?”, desafió en la TV Pública el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Acto seguido, aconsejó: “No hay mejor sistema que agarrar las actas, el borde del diario y la calculadora de mano. Es la única manera de llegar a un resultado sin discusión”. E inauguró una nueva polémica.

Durante años, el voto electrónico fue parte de las promesas de campaña de cada candidato y la mayoría de los gobernantes tuvieron algún pronunciamiento a favor. También es cierto que la mayoría no tenía mucha idea de lo que estaba hablando. Hoy, en sintonía con buena parte del mundo donde se está dando marcha atrás y volviendo a las boletas de papel, aparecieron voces críticas hacia el sistema. Pero persisten los que lo señalan como una panacea.

SISTEMA. Sergio Dines, docente e investigador de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y estudioso del comportamiento electoral de la provincia, opina que lo que está sucediendo en Chubut, más allá de la sobre exhibición mediática, puede deberse tanto a errores humanos como a alteraciones sistemáticas de los telegramas. Pero marca que, más allá de las cuestiones políticas y judiciales que ocasionalmente deriven, no hay nada que no pueda subsanarse en el escrutinio definitivo o en el conteo voto por voto.
“El sistema es bueno y el fraude como tal es prácticamente imposible. Puede darse lo que se conoce como ‘voto cadena’, pero usualmente no llega a ocasionar diferencias significativas. O errores humanos que se corrigen en el procedimiento. Lo del 888 (un error donde se consignó 888 votos para el PJ Modelo Chubut y en realidad había 88 sufragios) que tanta trascendencia cobró puede ser un error involuntario, como tantos de ese estilo que se cometen en los telegramas. O puede ser algo sistemático y organizado, caso en el que deberá investigar la justicia. Pero insisto: el escrutinio definitivo disipa cualquier duda”, señaló a EL DIARIO.
Para Dines, lo que está pasando en Chubut también podría suceder en Entre Ríos. “De hecho, podría pasar en cualquier lugar del país. Sucedió con Luis Juez en Córdoba, con Sergio Varisco y Julio Solanas en Paraná en 1999, donde había una diferencia muy escasa. Hasta en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) pasó algo por el estilo”, recordó.

La lectura política que realiza el investigador en caso de que se compruebe el fraude en Chubut es concreta: “Siendo desde la estructura de un Estado, ya que las sospechas recaerían sobre el partido gobernante, sería un Estado violando derechos ciudadanos. Es algo más que un simple delito que puede cometer un ciudadano. Y sería un intento de poner en duda todo el sistema, mirando hacia otros contextos y otras escalas. Queriendo mostrar que si esto ocurre en una elección a gobernador, también puede ocurrir en una elección presidencial”, grafica.

OPACIDAD. Beatriz Busaniche, es santafesina, docente en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la Fundación Vía Libre, desde donde defienden el software libre e investigan sobre nuevas tecnologías y derechos ciudadanos. “Lejos de cumplir con lo que le atribuyen, por ejemplo que va a transparentar el acto electoral, el voto electrónico opaca el procedimiento. Comprender cómo es el proceso y poder auditarlo es algo que nos excede a la gran mayoría de los ciudadanos. No como ahora, que uno entiende de qué se trata y puede ir y presenciar la instancia que quiera”, describió.

“Se privatiza el acto electoral, que es el acto público esencial de la democracia”, acotó Busaniche, autora del libro Voto electrónico, los riesgos de una ilusión. Y graficó con una anécdota sencilla: en 2007 en la experiencia con voto electrónico llevada a cabo en la ciudad de Las Grutas, cuando todo empezó a fallar las autoridades de mesa lo único que pudieron hacer fue llamar al técnico de la empresa.

En una entrevista con LT14, la investigadora mencionó fallos contrarios al voto electrónico de la justicia alemana; el caso de Holanda, que después de 12 años de voto electrónico volvió al papel en 2008 y relató: “El año pasado, el tribunal electoral de Brasil realizó un desafío público para medir la seguridad del sistema: en media hora y con equipos cuyo valor no superaba los 10 reales un técnico no pudo cambiar el resultado de la urna en la que intervino, pero si logró saber por quién había votado cada ciudadano”. No se pudo cumplir con la condición constitucional de secreto que tiene el voto.

Desconocimiento y lobby empresarial son, para la especialista, las dos razones principales por las cuales políticos de todos los partidos se han mostrado proclives a la implementación. “También que abarata es una falacia. Equipar todas las mesas de un país con una terminal es carísimo. Son equipos informáticos. Si se alquilan, puede darse algo que ya ha sucedido, que es que la empresa propietaria no permita auditar las máquinas. Si el Estado los adquiere, ¿qué hace con los equipos entre una elección y otra? ¿Qué vida útil tienen, en un mundo en el que cada dos años cambiamos de computadora? Nadie contempla estos aspectos a la hora de hablar loas del voto electrónico”, increpó.

Concluyó Busaniche diciendo que recién ahora se escuchan algunas voces en contra porque antes la gente no se animaba a decirlo: “Te acusan de retrógrado, de anticuado, de estar con la vieja política. Y nadie quiere que le digan ese tipo de cosas”.

ldalmagro@eldiario.com.ar

Al margen

Raúl Taleb. En 2007, cuando era senador electo, propuso una prueba piloto para las elecciones legislativas de 2009. “El sistema tiene muchas ventajas: agiliza el voto, garantiza la transparencia y rapidez en el conteo y evita que se carguen los datos del escrutinio provisorio según la conveniencia de los gobiernos, para crear la noche de las elecciones una imagen de triunfalismo ante los medios de comunicación”.

Ana D’ Angelo. En marzo de 2010, la diputada provincial ponderó la experiencia de Pinamar y consideró al voto electrónico “un salto cualitativo serio en las prácticas electorales que jerarquiza la democracia, garantiza el respeto a la voluntad popular, termina con la intermediación entre el Estado y los que más lo necesitan, despeja la manipulación, transparenta el proceso electoral y ofrece garantías al electorado”. Impulsó la implementación en el marco de un proyecto de reforma electoral.

Sergio Urribarri. Cuando era ministro de Gobierno, en 2004, mencionó la idea de realizar algunas pruebas piloto en los comicios del año siguiente y contó que se habían pedido algunos informes a dos estados brasileños con experiencia en la materia. Finalmente, las experiencias no se concretaron.

Juan Domingo Zacarías. En febrero de este año, el diputado provincial insistió con la división por cargos de la boleta sábana y sumó un pedido para que en octubre se haga en Paraná la primera experiencia provincial de voto electrónico. “Sería un hecho moderno, auspicioso y serviría como ejemplo para el resto de la provincia”, sostuvo.

Jorge Busti. En noviembre de 2007, poco antes de dejar el gobierno, se mostró poco partidario de la instauración del voto electrónico en la provincia. “En la última elección de Estados Unidos estuvieron contando los votos dos o tres meses. Nuestro sistema tan malo no ha sido”, defendió.